La elección en el Estado de México, el próximo 3 de julio, es considerada la “madre de todas las batallas” antes de la elección presidencial de 2012. No es para menos. Se trata de la entidad más importante del país en cuanto a número de electores, y su actual gobernador, Enrique Peña Nieto, se sitúa como puntero indiscutible en la carrera presidencial. El reto para la oposición es mayúsculo; la última gran apuesta fue la política de alianzas que en 2010 generó victorias en Oaxaca, Puebla y Sinaloa, entidades a las que al fin llegó la alternancia en el poder.
Con 10.2 millones de electores, el Estado de México resulta determinante para las aspiraciones presidenciales de cualquier candidato. En la elección intermedia de 2009, el PRI logró ubicarse en una posición sumamente ventajosa: ganó 97 de los 125 municipios y sumó 40 de 75 diputados en el congreso local. Pero no solo eso. Con una cuidada imagen pública y un gasto multimillonario en medios, Peña Nieto acumula prácticamente la mitad de las preferencias entre los electores a nivel nacional rumbo a 2012 (Mitofsky, 2011). Su sola presencia es un imán de votos.
Sin embargo, el control hegemónico que el PRI ha ejercido sobre la entidad durante 82 años hoy da muestra de evidentes atrasos y adversidades relevantes: la entidad se ubica en el lugar 16 a nivel nacional en cuanto al Índice de Desarrollo Humano, que comprende parámetros fundamentales como la medición del nivel de vida y la cobertura de la educación básica (CONAPO, 2005). En el sector educativo, la probabilidad de que un niño concluya la primaria e inicie secundaria es de 72.3%, una de las cifras más bajas en todo el país (informe Brechas, 2010). Peor aún es el elevado índice de violencia contra las mujeres: según el INEGI (2006), 61 de cada 100 mujeres casadas sufren algún tipo de violencia (cuando la media nacional es de 47) y, desde 2005, una penosa cantidad de 922 mujeres han sido asesinadas (en comparación, Ciudad Juárez cobró relevancia a nivel mundial por registrar, entre 1993 y 2002, un total de 285 feminicidios; un tercio de la cantidad que registra en la mitad de tiempo la administración de Peña Nieto).
Lo anterior sugiere la creciente necesidad de debatir sobre la manera en que se ejerce el poder público en la entidad, pero también sobre cómo se están enfrentando los distintos problemas de la población. En este sentido, la alternancia en el poder representa una oportunidad para la reconfiguración del sistema político estatal y también para la revitalización de la maltrecha interlocución gobierno-sociedad. Sin que la apertura democrática asegure por sí misma el exitoso ejercicio del poder público, lo cierto es que la sola posibilidad de que el gobernante en turno sea castigado electoralmente por una administración ineficaz, aumenta las opciones de transitar hacia mejores gobiernos.
La democracia, entonces, no se traduce solamente en elecciones libres. La alternancia por sí misma no garantiza la “cura” de todos los males. Para Aguilar Villanueva (2004), dos grandes corrientes se formaron tras la crisis del sistema político mexicano en los años 80: una dominante fue la democratización del régimen, cuya principal bandera sería “sacar” al PRI de Los Pinos (lo que se logró hace ya más de una década) y la segunda, de menor dimensión, fue la que se inclinó por estudiar el proceso que el gobierno seguía en su toma de decisiones, a fin de evitar la recaída en las crisis y dar sustento a una democracia eficiente. Una y otra, hoy lo sabemos, son determinantes.
De ahí que las alianzas entre los partidos –indistintamente de su inclinación ideológica– se presenten como opciones dignas de valoración, especialmente en aquellas entidades donde aún no ha llegado la alternancia. Primero, por la necesidad de encauzar coaliciones con el empuje suficiente para competir frente al PRI, pero sobre todo, por la necesidad de traducir la coalición electoral en una coalición de gobierno, lo que no se ha logrado incluso a nivel federal. Los aún incipientes resultados que arrojan los gobiernos tras la alternancia dan cuenta de que los “qué” y los “cómo” no pueden reducirse a la visión de una sola institución política. México no puede continuar atado a reduccionismos: si una elección es ganada por azules, tricolores o amarillos, ello no implica que todo el electorado sea azul, tricolor o amarillo. La democracia electoral expresa una elección de la mayoría, pero convive con el reto de cumplir con un proyecto político.
Durante 2010, las alianzas entre el PRD y el PAN fueron efectivas para atenuar la aplanadora tricolor. Funcionaron bien electoralmente, pero no han logrado traducirse en la madurez política que construya coaliciones de gobierno, algo mucho más complejo de alcanzar. Para el PAN y el PRD, la alianza en el Estado de México obedeció al interés compartido de evitar que Peña Nieto continuase acumulando fuerza, pero no la acompañó con la aspiración de abrir paso a un nuevo pacto político. Lo anterior resultó tan evidente que la alianza electorera fue efectivamente combatida y finalmente vencida por el PRI y por un sector importante del PRD. Los detractores de la alianza clamaron por la “congruencia ideológica”, como si ello les caracterizara (el PRI y el PAN han sido aliados en distintos momentos históricos, y el triunfo de la alianza PRD-PAN en Oaxaca de 2010 no fue impugnada por el ala perredista que sí se opuso a la alianza en Edomex). De ahí que las alianzas quedaron estancadas como estrategias sin contenido, sin esencia. Y aun cuando fue apoyada en la consulta ciudadana del pasado 27 de marzo, los intereses políticos se impusieron finalmente a un intento que no ofreció mayores argumentos.
Las consecuencias del fracaso son claras. Según el monitoreo diario de GCE, al 5 de junio Eruviel Ávila, candidato del PRI, se ubica a la cabeza de las preferencias con un 51.6%; Alejandro Encinas, del PRD, alcanzó un 20.4%; y Luis Felipe Bravo Mena, del PAN, 13.8%. Las dos fuerzas opositoras juntas ofrecían competencia, pero separadas otorgan una ventaja al partido en el poder que se antoja definitiva.
Las tendencias indican, entonces, que de nueva cuenta el electorado se inclinará por el partido de siempre, por un “diablo conocido” que, con todo, parece más sólido –ante la falta de propuestas con contenido– de aquellos potenciales “buenos por conocer”.
Referencias bibliográficas
AGUILAR V. Luis, 2004. “Recepción y desarrollo de la disciplina de Política Pública en México. Un estudio introductorio”. Sociológica, Año 19, No. 54. Pp. 15-37.
“Brechas. Estado de la educación en México 2010”. Mexicanos Primero.
CONSEJO NACIONAL DE POBLACIÓN, 2005. “Índice de Desarrollo Humano, por entidad federativa y lugar nacional”.
Consulta Mitofsky. “Variables fundamentales para seguir el proceso electoral, marzo de 2011”. http://www.consulta.mx/Estudio.aspx?Estudio=variables-fundamentales. Consultado el 5 de mayo de 2011.
INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA, GEOGRAFÍA E INFORMÁTICA, INEGI, 2006. Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH).
Con 10.2 millones de electores, el Estado de México resulta determinante para las aspiraciones presidenciales de cualquier candidato. En la elección intermedia de 2009, el PRI logró ubicarse en una posición sumamente ventajosa: ganó 97 de los 125 municipios y sumó 40 de 75 diputados en el congreso local. Pero no solo eso. Con una cuidada imagen pública y un gasto multimillonario en medios, Peña Nieto acumula prácticamente la mitad de las preferencias entre los electores a nivel nacional rumbo a 2012 (Mitofsky, 2011). Su sola presencia es un imán de votos.
Sin embargo, el control hegemónico que el PRI ha ejercido sobre la entidad durante 82 años hoy da muestra de evidentes atrasos y adversidades relevantes: la entidad se ubica en el lugar 16 a nivel nacional en cuanto al Índice de Desarrollo Humano, que comprende parámetros fundamentales como la medición del nivel de vida y la cobertura de la educación básica (CONAPO, 2005). En el sector educativo, la probabilidad de que un niño concluya la primaria e inicie secundaria es de 72.3%, una de las cifras más bajas en todo el país (informe Brechas, 2010). Peor aún es el elevado índice de violencia contra las mujeres: según el INEGI (2006), 61 de cada 100 mujeres casadas sufren algún tipo de violencia (cuando la media nacional es de 47) y, desde 2005, una penosa cantidad de 922 mujeres han sido asesinadas (en comparación, Ciudad Juárez cobró relevancia a nivel mundial por registrar, entre 1993 y 2002, un total de 285 feminicidios; un tercio de la cantidad que registra en la mitad de tiempo la administración de Peña Nieto).
Lo anterior sugiere la creciente necesidad de debatir sobre la manera en que se ejerce el poder público en la entidad, pero también sobre cómo se están enfrentando los distintos problemas de la población. En este sentido, la alternancia en el poder representa una oportunidad para la reconfiguración del sistema político estatal y también para la revitalización de la maltrecha interlocución gobierno-sociedad. Sin que la apertura democrática asegure por sí misma el exitoso ejercicio del poder público, lo cierto es que la sola posibilidad de que el gobernante en turno sea castigado electoralmente por una administración ineficaz, aumenta las opciones de transitar hacia mejores gobiernos.
La democracia, entonces, no se traduce solamente en elecciones libres. La alternancia por sí misma no garantiza la “cura” de todos los males. Para Aguilar Villanueva (2004), dos grandes corrientes se formaron tras la crisis del sistema político mexicano en los años 80: una dominante fue la democratización del régimen, cuya principal bandera sería “sacar” al PRI de Los Pinos (lo que se logró hace ya más de una década) y la segunda, de menor dimensión, fue la que se inclinó por estudiar el proceso que el gobierno seguía en su toma de decisiones, a fin de evitar la recaída en las crisis y dar sustento a una democracia eficiente. Una y otra, hoy lo sabemos, son determinantes.
De ahí que las alianzas entre los partidos –indistintamente de su inclinación ideológica– se presenten como opciones dignas de valoración, especialmente en aquellas entidades donde aún no ha llegado la alternancia. Primero, por la necesidad de encauzar coaliciones con el empuje suficiente para competir frente al PRI, pero sobre todo, por la necesidad de traducir la coalición electoral en una coalición de gobierno, lo que no se ha logrado incluso a nivel federal. Los aún incipientes resultados que arrojan los gobiernos tras la alternancia dan cuenta de que los “qué” y los “cómo” no pueden reducirse a la visión de una sola institución política. México no puede continuar atado a reduccionismos: si una elección es ganada por azules, tricolores o amarillos, ello no implica que todo el electorado sea azul, tricolor o amarillo. La democracia electoral expresa una elección de la mayoría, pero convive con el reto de cumplir con un proyecto político.
Durante 2010, las alianzas entre el PRD y el PAN fueron efectivas para atenuar la aplanadora tricolor. Funcionaron bien electoralmente, pero no han logrado traducirse en la madurez política que construya coaliciones de gobierno, algo mucho más complejo de alcanzar. Para el PAN y el PRD, la alianza en el Estado de México obedeció al interés compartido de evitar que Peña Nieto continuase acumulando fuerza, pero no la acompañó con la aspiración de abrir paso a un nuevo pacto político. Lo anterior resultó tan evidente que la alianza electorera fue efectivamente combatida y finalmente vencida por el PRI y por un sector importante del PRD. Los detractores de la alianza clamaron por la “congruencia ideológica”, como si ello les caracterizara (el PRI y el PAN han sido aliados en distintos momentos históricos, y el triunfo de la alianza PRD-PAN en Oaxaca de 2010 no fue impugnada por el ala perredista que sí se opuso a la alianza en Edomex). De ahí que las alianzas quedaron estancadas como estrategias sin contenido, sin esencia. Y aun cuando fue apoyada en la consulta ciudadana del pasado 27 de marzo, los intereses políticos se impusieron finalmente a un intento que no ofreció mayores argumentos.
Las consecuencias del fracaso son claras. Según el monitoreo diario de GCE, al 5 de junio Eruviel Ávila, candidato del PRI, se ubica a la cabeza de las preferencias con un 51.6%; Alejandro Encinas, del PRD, alcanzó un 20.4%; y Luis Felipe Bravo Mena, del PAN, 13.8%. Las dos fuerzas opositoras juntas ofrecían competencia, pero separadas otorgan una ventaja al partido en el poder que se antoja definitiva.
Las tendencias indican, entonces, que de nueva cuenta el electorado se inclinará por el partido de siempre, por un “diablo conocido” que, con todo, parece más sólido –ante la falta de propuestas con contenido– de aquellos potenciales “buenos por conocer”.
Referencias bibliográficas
AGUILAR V. Luis, 2004. “Recepción y desarrollo de la disciplina de Política Pública en México. Un estudio introductorio”. Sociológica, Año 19, No. 54. Pp. 15-37.
“Brechas. Estado de la educación en México 2010”. Mexicanos Primero.
CONSEJO NACIONAL DE POBLACIÓN, 2005. “Índice de Desarrollo Humano, por entidad federativa y lugar nacional”.
Consulta Mitofsky. “Variables fundamentales para seguir el proceso electoral, marzo de 2011”. http://www.consulta.mx/Estudio.aspx?Estudio=variables-fundamentales. Consultado el 5 de mayo de 2011.
INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA, GEOGRAFÍA E INFORMÁTICA, INEGI, 2006. Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH).
No hay comentarios.:
Publicar un comentario