Hace tres meses, un jovencito de 14 años de edad llamado Fernando Martí -miembro de una acaudalada familia mexicana-, su chofer y su guardaespaldas fueron detenidos y secuestrados por miembros del crimen organizado que laboraban como policías (federales y locales) en el Distrito Federal. Esta trágica historia tuvo su desenlace el pasado viernes 1° de agosto, cuando el cadáver del joven Martí fue hallado en la cajuela de un auto en Coyoacán. El chofer había sido encontrado muerto 1 mes atrás junto con el guardaespaldas (el único sobreviviente).
Mientras tanto, el pasado martes 5 de agosto era ejecutado José Medellín en Estados Unidos, un mexicano que participó en la violación y homicidio de Elizabeth Peña de 16 años, y Jennifer Ertman, de 14, en Houston hace 15 años. Ese mismo día, pero en México, un destacado médico e intachable hombre de familia, el Dr. David Manterola, fue asesinado afuera de su domicilio por intento de robo.
Los casos del joven Martí y del Dr. Manterola son sólo dos ejemplos más de la creciente inseguridad en el Distrito Federal (seguramente, en el día de su trágico asesinato se estaban cometiendo varios más a lo largo del país). Este constante asedio al orden público ha destruido a tantas familias, y ha dañado al tejido social de tal forma que, el día de hoy, las encuestas señalan que el 71% de los mexicanos apoyaría la restauración de la pena de muerte en México, tal y como sucede en varios estados de nuestro vecino país del norte.
Sin embargo, y aún con la tempestad encima de todos (estoy seguro que cada uno de nosotros ha perdido un familiar, un amigo o un conocido por la inseguridad), es muy importante que los mexicanos, y sobre todo el Estado Mexicano, comprendamos la magnitud y complejidad de restablecer la pena de muerte. En este sentido, identifico 4 temas fundamentales a considerar: la vida humana (tanto de la víctima como del agresor); la procuración e impartición de justicia por parte del Estado Mexicano; la capacidad del gobierno por defender, mantener y hacer respetar el Estado de derecho; y finalmente, la condición mental y las probabilidades de rehabilitación y reinserción social del agresor.
El tema de la vida humana vinculada con la pena de muerte, tiene que ver, en principio, por la irrecuperable pérdida de la vida de la víctima y el irreparable dolor de su familia y allegados; y posteriormente, por la vida en juego del agresor y el irreparable dolor que su eventual muerte causaría a su familia y allegados. En términos humanistas (fundamental corriente filosófica a tomar en cuenta en un asunto tan delicado), se trata de 2 asuntos estrechamente ligados (a pesar de que la vida de A haya sido causante de la extinción de la vida de B).
El segundo tema, el de la procuración e impartición de justicia, tiene que ver fundamentalmente con la noción y valor de la justicia que concibe el Estado Mexicano en su procuración e impartición. En este sentido, es notable ver cómo otros fenómenos sociales, como la desigualdad, permean también la procuración de justicia mexicana (el secuestro del joven Martí ocupó las primeras planas de los diarios -y al menos en las notas que revisé, nadie menciona siquiera el nombre de su chofer-, y a su funeral asistió hasta el Presidente y su esposa; los demás casos de las personas que no tienen tal capital económico -como el del Dr. Manterola- son poco difundidos y aún menos atendidos). Por otro lado, la impartición de justicia en tiempos actuales no puede estar sujeta a códigos legales basados en principios de justicia retributiva francamente arcaicos (como el Código de Hammurabi, de 1,760 A.C. y, que basado en la Ley del Talión del “ojo por ojo, diente por diente”, especifica por citar un ejemplo, en su Ley 230, que “si una casa mal hecha causa la muerte de un hijo del dueño de la casa, la falta se paga con la muerte del hijo del constructor”). Mahatma Gandhi alguna vez dijo atinadamente, que “el ojo por ojo terminará por ocasionar que todo el mundo quede tuerto”. La venganza por la venganza y la violencia por la violencia, generan, por su propia condición, más venganzas y violencia.
El tercer punto, el del Estado de Derecho, nos lleva a pensar en si realmente el restablecimiento de la pena de muerte traerá una paz amplia y duradera para todos los mexicanos (que debe ser el fin último y verdadero). Uno de los problemas clave (y que todavía no muestra la menor solución) tiene que ver con el hecho de que, antes de determinar qué hacer con el agresor -si se le da una pena de X número de años, si se le sentencia a cadena perpetua, o si se le ejecuta-, primero el agresor tendría que ser capturado. En México, se calcula que de cada 1,000 delitos cometidos de cualquier índole, se denuncian sólo el 25%, y se resuelven menos de la mitad. Es decir, alrededor de 1 de cada 10 delitos son resueltos por la vía legal (y sin contar qué sucede con el agresor posteriormente de su detención -si su pena fue acorde al crimen cometido, si se está rehabilitando efectivamente o si a su salida cometió otros delitos, etcétera-). En este contexto de no-sanción de los delitos (Estado de derecho endeble), la restauración de la pena de muerte seguramente generará en el corto plazo una inhibición de delitos graves; sin embargo, éstos aumentarían hasta volver a su insana normalidad hacia el mediano y el largo plazo. Sencillamente, porque en México resulta poco probable que un delito grave sea debidamente prevenido, debidamente perseguido, y/o debidamente castigado.
Empero, y a pesar de todos los argumentos de peso en contra de la pena de muerte, encuentro uno fundamental que debería de hacernos voltear los ojos hacia considerar el restablecimiento de esta práctica, y es el cuarto tópico, que tiene que ver con la condición mental y el restablecimiento y reincorporación del agresor a la vida en sociedad. A lo largo de la historia, se han registrado innumerables casos de individuos que, víctimas de maltratos, degradaciones y abandonos de distinto tipo en su ambiente familiar o en su núcleo social, desarrollan una variedad de trastornos de su personalidad, y, una vez “enfermos” actúan de manera abiertamente antisocial-criminal y en un claro desdén por la convivencia pacífica o el orden social establecido. Al alcanzar este punto en la “enfermedad”, no hay punto de regreso, y todo aquel que sufre estos trastornos se convierte, por ende, en un evidente peligro para la sociedad en su conjunto (aunque es importante soslayar que ni todos los sociópatas son delincuentes ni todos los delincuentes son sociópatas).
Por todo ello, yo propongo la conformación de un grupo (llámese Consejo o Comité, de no más de 13 personas), integrado por especialistas por demás destacados y con los méritos y logros suficientes en distintos ámbitos (como la Psicología, la Criminología, la Psiquiatría, la Sociología, el Derecho Penal y la Ciencia Política, aunque podrían ser más o podrían ser menos disciplinas involucradas) que, a partir de la detención de un delincuente que haya incurrido en delitos graves, realice todo un perfil psicológico del individuo, evalúe el desarrollo de su vida, así como las condiciones en que cometió el crimen, para que finalmente, se dictamine si el sujeto en cuestión puede rehabilitarse y reincorporarse a una vida en sociedad. En caso de que resulten claras sus posibilidades de reincorporación social, se le enviará a prisión para cumplir su condena (ello implica además otro problema: el de asegurar que las prisiones en efecto sirvan para restaurar conductas sociales desviadas, y no para pervertirlas más); o en caso de que esta persona resulte con un padecimiento antisocial grave (sociópata, psicópata o cualquier otro), el Estado, responsable de vigilar el orden y la paz social colectiva, deberá exterminarlo (O, ¿podemos acaso esperar ingenuamente que un sociópata-secuestrador, que asuma ya como algo normal el mutilar alguna parte del cuerpo de sus víctimas para amedrentar a sus familiares, sea capaz de reflexionar en la cárcel, y, tras su liberación, dedicarse a un trabajo, digamos, de carpintería?).
En conclusión: Abordar el tema de la pena de muerte es sin duda complejo, pues no sólo se trata de considerar principios retributivos de justicia (o venganza) en manos del Estado (con las consecuencias que esto podría generar), sino valorar aquellos otros grandes problemas que, sin duda, afectan la prevención o impartición misma de la justicia (¿De qué tanto nos sirve ajusticiar a un individuo, si otros 9 están cometiendo en ese mismo instante el mismo delito, ante las narices del Estado Mexicano?).
Y, sobre todo, me parece que la pena de muerte debe ser abordada con pleno respeto a la vida misma de las personas, de víctimas, agresores, y de los familiares y seres queridos de ambos. En Estados Unidos, los criminales extranjeros reciben un trato muy diferente al de los nativos; muchas veces no se les permite ni siquiera asistencia consular, y una vez sentenciados para morir, es frecuente que se retrasen las ejecuciones por meses y hasta años. Se trata de un proceso judicial que respeta muy poco la vida de los inculpados, que obedece más a principios arcaicos de venganza (y no de justicia), y que actúa de manera discrecional de acuerdo a principios raciales. En mi propuesta, se busca que el agresor sea valorado como persona, pero que -de así determinarse- también pueda ser exterminado como la amenaza a la paz social que representa. En este caso, el Estado podría otorgar una segunda oportunidad al infractor, pero también sería capaz de ejecutarlo en protección al grueso de la sociedad. Se trata, no de impartir venganza, sino de impartir verdadera justicia; aquella que permitirá que la sociedad mexicana toda, pueda coexistir en paz.
En suma, se deben ponderar los valores en que se enmarca la impartición de justicia en México, y los alcances que la misma puede tener, que sea un valor compartido, asimilado, y ante todo, respetado, por todos los mexicanos. De algo no hay duda: es imperativo y conminativo que comencemos todos -política y sociedad- a trabajar en un país más justo para todos. Mañana puede ser ya demasiado tarde.
(Descansen en paz, Dr. Manterola, Fernando Martí, Dr. Ramón Escandón, Elizabeth Peña, Jennifer Ertman y todas aquellas víctimas de la inseguridad, la injusticia y la degradación de las sociedades del mundo).
Mientras tanto, el pasado martes 5 de agosto era ejecutado José Medellín en Estados Unidos, un mexicano que participó en la violación y homicidio de Elizabeth Peña de 16 años, y Jennifer Ertman, de 14, en Houston hace 15 años. Ese mismo día, pero en México, un destacado médico e intachable hombre de familia, el Dr. David Manterola, fue asesinado afuera de su domicilio por intento de robo.
Los casos del joven Martí y del Dr. Manterola son sólo dos ejemplos más de la creciente inseguridad en el Distrito Federal (seguramente, en el día de su trágico asesinato se estaban cometiendo varios más a lo largo del país). Este constante asedio al orden público ha destruido a tantas familias, y ha dañado al tejido social de tal forma que, el día de hoy, las encuestas señalan que el 71% de los mexicanos apoyaría la restauración de la pena de muerte en México, tal y como sucede en varios estados de nuestro vecino país del norte.
Sin embargo, y aún con la tempestad encima de todos (estoy seguro que cada uno de nosotros ha perdido un familiar, un amigo o un conocido por la inseguridad), es muy importante que los mexicanos, y sobre todo el Estado Mexicano, comprendamos la magnitud y complejidad de restablecer la pena de muerte. En este sentido, identifico 4 temas fundamentales a considerar: la vida humana (tanto de la víctima como del agresor); la procuración e impartición de justicia por parte del Estado Mexicano; la capacidad del gobierno por defender, mantener y hacer respetar el Estado de derecho; y finalmente, la condición mental y las probabilidades de rehabilitación y reinserción social del agresor.
El tema de la vida humana vinculada con la pena de muerte, tiene que ver, en principio, por la irrecuperable pérdida de la vida de la víctima y el irreparable dolor de su familia y allegados; y posteriormente, por la vida en juego del agresor y el irreparable dolor que su eventual muerte causaría a su familia y allegados. En términos humanistas (fundamental corriente filosófica a tomar en cuenta en un asunto tan delicado), se trata de 2 asuntos estrechamente ligados (a pesar de que la vida de A haya sido causante de la extinción de la vida de B).
El segundo tema, el de la procuración e impartición de justicia, tiene que ver fundamentalmente con la noción y valor de la justicia que concibe el Estado Mexicano en su procuración e impartición. En este sentido, es notable ver cómo otros fenómenos sociales, como la desigualdad, permean también la procuración de justicia mexicana (el secuestro del joven Martí ocupó las primeras planas de los diarios -y al menos en las notas que revisé, nadie menciona siquiera el nombre de su chofer-, y a su funeral asistió hasta el Presidente y su esposa; los demás casos de las personas que no tienen tal capital económico -como el del Dr. Manterola- son poco difundidos y aún menos atendidos). Por otro lado, la impartición de justicia en tiempos actuales no puede estar sujeta a códigos legales basados en principios de justicia retributiva francamente arcaicos (como el Código de Hammurabi, de 1,760 A.C. y, que basado en la Ley del Talión del “ojo por ojo, diente por diente”, especifica por citar un ejemplo, en su Ley 230, que “si una casa mal hecha causa la muerte de un hijo del dueño de la casa, la falta se paga con la muerte del hijo del constructor”). Mahatma Gandhi alguna vez dijo atinadamente, que “el ojo por ojo terminará por ocasionar que todo el mundo quede tuerto”. La venganza por la venganza y la violencia por la violencia, generan, por su propia condición, más venganzas y violencia.
El tercer punto, el del Estado de Derecho, nos lleva a pensar en si realmente el restablecimiento de la pena de muerte traerá una paz amplia y duradera para todos los mexicanos (que debe ser el fin último y verdadero). Uno de los problemas clave (y que todavía no muestra la menor solución) tiene que ver con el hecho de que, antes de determinar qué hacer con el agresor -si se le da una pena de X número de años, si se le sentencia a cadena perpetua, o si se le ejecuta-, primero el agresor tendría que ser capturado. En México, se calcula que de cada 1,000 delitos cometidos de cualquier índole, se denuncian sólo el 25%, y se resuelven menos de la mitad. Es decir, alrededor de 1 de cada 10 delitos son resueltos por la vía legal (y sin contar qué sucede con el agresor posteriormente de su detención -si su pena fue acorde al crimen cometido, si se está rehabilitando efectivamente o si a su salida cometió otros delitos, etcétera-). En este contexto de no-sanción de los delitos (Estado de derecho endeble), la restauración de la pena de muerte seguramente generará en el corto plazo una inhibición de delitos graves; sin embargo, éstos aumentarían hasta volver a su insana normalidad hacia el mediano y el largo plazo. Sencillamente, porque en México resulta poco probable que un delito grave sea debidamente prevenido, debidamente perseguido, y/o debidamente castigado.
Empero, y a pesar de todos los argumentos de peso en contra de la pena de muerte, encuentro uno fundamental que debería de hacernos voltear los ojos hacia considerar el restablecimiento de esta práctica, y es el cuarto tópico, que tiene que ver con la condición mental y el restablecimiento y reincorporación del agresor a la vida en sociedad. A lo largo de la historia, se han registrado innumerables casos de individuos que, víctimas de maltratos, degradaciones y abandonos de distinto tipo en su ambiente familiar o en su núcleo social, desarrollan una variedad de trastornos de su personalidad, y, una vez “enfermos” actúan de manera abiertamente antisocial-criminal y en un claro desdén por la convivencia pacífica o el orden social establecido. Al alcanzar este punto en la “enfermedad”, no hay punto de regreso, y todo aquel que sufre estos trastornos se convierte, por ende, en un evidente peligro para la sociedad en su conjunto (aunque es importante soslayar que ni todos los sociópatas son delincuentes ni todos los delincuentes son sociópatas).
Por todo ello, yo propongo la conformación de un grupo (llámese Consejo o Comité, de no más de 13 personas), integrado por especialistas por demás destacados y con los méritos y logros suficientes en distintos ámbitos (como la Psicología, la Criminología, la Psiquiatría, la Sociología, el Derecho Penal y la Ciencia Política, aunque podrían ser más o podrían ser menos disciplinas involucradas) que, a partir de la detención de un delincuente que haya incurrido en delitos graves, realice todo un perfil psicológico del individuo, evalúe el desarrollo de su vida, así como las condiciones en que cometió el crimen, para que finalmente, se dictamine si el sujeto en cuestión puede rehabilitarse y reincorporarse a una vida en sociedad. En caso de que resulten claras sus posibilidades de reincorporación social, se le enviará a prisión para cumplir su condena (ello implica además otro problema: el de asegurar que las prisiones en efecto sirvan para restaurar conductas sociales desviadas, y no para pervertirlas más); o en caso de que esta persona resulte con un padecimiento antisocial grave (sociópata, psicópata o cualquier otro), el Estado, responsable de vigilar el orden y la paz social colectiva, deberá exterminarlo (O, ¿podemos acaso esperar ingenuamente que un sociópata-secuestrador, que asuma ya como algo normal el mutilar alguna parte del cuerpo de sus víctimas para amedrentar a sus familiares, sea capaz de reflexionar en la cárcel, y, tras su liberación, dedicarse a un trabajo, digamos, de carpintería?).
En conclusión: Abordar el tema de la pena de muerte es sin duda complejo, pues no sólo se trata de considerar principios retributivos de justicia (o venganza) en manos del Estado (con las consecuencias que esto podría generar), sino valorar aquellos otros grandes problemas que, sin duda, afectan la prevención o impartición misma de la justicia (¿De qué tanto nos sirve ajusticiar a un individuo, si otros 9 están cometiendo en ese mismo instante el mismo delito, ante las narices del Estado Mexicano?).
Y, sobre todo, me parece que la pena de muerte debe ser abordada con pleno respeto a la vida misma de las personas, de víctimas, agresores, y de los familiares y seres queridos de ambos. En Estados Unidos, los criminales extranjeros reciben un trato muy diferente al de los nativos; muchas veces no se les permite ni siquiera asistencia consular, y una vez sentenciados para morir, es frecuente que se retrasen las ejecuciones por meses y hasta años. Se trata de un proceso judicial que respeta muy poco la vida de los inculpados, que obedece más a principios arcaicos de venganza (y no de justicia), y que actúa de manera discrecional de acuerdo a principios raciales. En mi propuesta, se busca que el agresor sea valorado como persona, pero que -de así determinarse- también pueda ser exterminado como la amenaza a la paz social que representa. En este caso, el Estado podría otorgar una segunda oportunidad al infractor, pero también sería capaz de ejecutarlo en protección al grueso de la sociedad. Se trata, no de impartir venganza, sino de impartir verdadera justicia; aquella que permitirá que la sociedad mexicana toda, pueda coexistir en paz.
En suma, se deben ponderar los valores en que se enmarca la impartición de justicia en México, y los alcances que la misma puede tener, que sea un valor compartido, asimilado, y ante todo, respetado, por todos los mexicanos. De algo no hay duda: es imperativo y conminativo que comencemos todos -política y sociedad- a trabajar en un país más justo para todos. Mañana puede ser ya demasiado tarde.
(Descansen en paz, Dr. Manterola, Fernando Martí, Dr. Ramón Escandón, Elizabeth Peña, Jennifer Ertman y todas aquellas víctimas de la inseguridad, la injusticia y la degradación de las sociedades del mundo).
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