Democracia y política de alianzas: la elección en el Estado de México

La elección en el Estado de México, el próximo 3 de julio, es considerada la “madre de todas las batallas” antes de la elección presidencial de 2012. No es para menos. Se trata de la entidad más importante del país en cuanto a número de electores, y su actual gobernador, Enrique Peña Nieto, se sitúa como puntero indiscutible en la carrera presidencial. El reto para la oposición es mayúsculo; la última gran apuesta fue la política de alianzas que en 2010 generó victorias en Oaxaca, Puebla y Sinaloa, entidades a las que al fin llegó la alternancia en el poder.

Con 10.2 millones de electores, el Estado de México resulta determinante para las aspiraciones presidenciales de cualquier candidato. En la elección intermedia de 2009, el PRI logró ubicarse en una posición sumamente ventajosa: ganó 97 de los 125 municipios y sumó 40 de 75 diputados en el congreso local. Pero no solo eso. Con una cuidada imagen pública y un gasto multimillonario en medios, Peña Nieto acumula prácticamente la mitad de las preferencias entre los electores a nivel nacional rumbo a 2012 (Mitofsky, 2011). Su sola presencia es un imán de votos.

Sin embargo, el control hegemónico que el PRI ha ejercido sobre la entidad durante 82 años hoy da muestra de evidentes atrasos y adversidades relevantes: la entidad se ubica en el lugar 16 a nivel nacional en cuanto al Índice de Desarrollo Humano, que comprende parámetros fundamentales como la medición del nivel de vida y la cobertura de la educación básica (CONAPO, 2005). En el sector educativo, la probabilidad de que un niño concluya la primaria e inicie secundaria es de 72.3%, una de las cifras más bajas en todo el país (informe Brechas, 2010). Peor aún es el elevado índice de violencia contra las mujeres: según el INEGI (2006), 61 de cada 100 mujeres casadas sufren algún tipo de violencia (cuando la media nacional es de 47) y, desde 2005, una penosa cantidad de 922 mujeres han sido asesinadas (en comparación, Ciudad Juárez cobró relevancia a nivel mundial por registrar, entre 1993 y 2002, un total de 285 feminicidios; un tercio de la cantidad que registra en la mitad de tiempo la administración de Peña Nieto).

Lo anterior sugiere la creciente necesidad de debatir sobre la manera en que se ejerce el poder público en la entidad, pero también sobre cómo se están enfrentando los distintos problemas de la población. En este sentido, la alternancia en el poder representa una oportunidad para la reconfiguración del sistema político estatal y también para la revitalización de la maltrecha interlocución gobierno-sociedad. Sin que la apertura democrática asegure por sí misma el exitoso ejercicio del poder público, lo cierto es que la sola posibilidad de que el gobernante en turno sea castigado electoralmente por una administración ineficaz, aumenta las opciones de transitar hacia mejores gobiernos.

La democracia, entonces, no se traduce solamente en elecciones libres. La alternancia por sí misma no garantiza la “cura” de todos los males. Para Aguilar Villanueva (2004), dos grandes corrientes se formaron tras la crisis del sistema político mexicano en los años 80: una dominante fue la democratización del régimen, cuya principal bandera sería “sacar” al PRI de Los Pinos (lo que se logró hace ya más de una década) y la segunda, de menor dimensión, fue la que se inclinó por estudiar el proceso que el gobierno seguía en su toma de decisiones, a fin de evitar la recaída en las crisis y dar sustento a una democracia eficiente. Una y otra, hoy lo sabemos, son determinantes.

De ahí que las alianzas entre los partidos –indistintamente de su inclinación ideológica– se presenten como opciones dignas de valoración, especialmente en aquellas entidades donde aún no ha llegado la alternancia. Primero, por la necesidad de encauzar coaliciones con el empuje suficiente para competir frente al PRI, pero sobre todo, por la necesidad de traducir la coalición electoral en una coalición de gobierno, lo que no se ha logrado incluso a nivel federal. Los aún incipientes resultados que arrojan los gobiernos tras la alternancia dan cuenta de que los “qué” y los “cómo” no pueden reducirse a la visión de una sola institución política. México no puede continuar atado a reduccionismos: si una elección es ganada por azules, tricolores o amarillos, ello no implica que todo el electorado sea azul, tricolor o amarillo. La democracia electoral expresa una elección de la mayoría, pero convive con el reto de cumplir con un proyecto político.

Durante 2010, las alianzas entre el PRD y el PAN fueron efectivas para atenuar la aplanadora tricolor. Funcionaron bien electoralmente, pero no han logrado traducirse en la madurez política que construya coaliciones de gobierno, algo mucho más complejo de alcanzar. Para el PAN y el PRD, la alianza en el Estado de México obedeció al interés compartido de evitar que Peña Nieto continuase acumulando fuerza, pero no la acompañó con la aspiración de abrir paso a un nuevo pacto político. Lo anterior resultó tan evidente que la alianza electorera fue efectivamente combatida y finalmente vencida por el PRI y por un sector importante del PRD. Los detractores de la alianza clamaron por la “congruencia ideológica”, como si ello les caracterizara (el PRI y el PAN han sido aliados en distintos momentos históricos, y el triunfo de la alianza PRD-PAN en Oaxaca de 2010 no fue impugnada por el ala perredista que sí se opuso a la alianza en Edomex). De ahí que las alianzas quedaron estancadas como estrategias sin contenido, sin esencia. Y aun cuando fue apoyada en la consulta ciudadana del pasado 27 de marzo, los intereses políticos se impusieron finalmente a un intento que no ofreció mayores argumentos.

Las consecuencias del fracaso son claras. Según el monitoreo diario de GCE, al 5 de junio Eruviel Ávila, candidato del PRI, se ubica a la cabeza de las preferencias con un 51.6%; Alejandro Encinas, del PRD, alcanzó un 20.4%; y Luis Felipe Bravo Mena, del PAN, 13.8%. Las dos fuerzas opositoras juntas ofrecían competencia, pero separadas otorgan una ventaja al partido en el poder que se antoja definitiva.

Las tendencias indican, entonces, que de nueva cuenta el electorado se inclinará por el partido de siempre, por un “diablo conocido” que, con todo, parece más sólido –ante la falta de propuestas con contenido– de aquellos potenciales “buenos por conocer”.


Referencias bibliográficas

AGUILAR V. Luis, 2004. “Recepción y desarrollo de la disciplina de Política Pública en México. Un estudio introductorio”. Sociológica, Año 19, No. 54. Pp. 15-37.

“Brechas. Estado de la educación en México 2010”. Mexicanos Primero.

CONSEJO NACIONAL DE POBLACIÓN, 2005. “Índice de Desarrollo Humano, por entidad federativa y lugar nacional”.

Consulta Mitofsky. “Variables fundamentales para seguir el proceso electoral, marzo de 2011”. http://www.consulta.mx/Estudio.aspx?Estudio=variables-fundamentales. Consultado el 5 de mayo de 2011.

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA, GEOGRAFÍA E INFORMÁTICA, INEGI, 2006. Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH).

Sobre secuestros, homicidios y penas de muerte

Hace tres meses, un jovencito de 14 años de edad llamado Fernando Martí -miembro de una acaudalada familia mexicana-, su chofer y su guardaespaldas fueron detenidos y secuestrados por miembros del crimen organizado que laboraban como policías (federales y locales) en el Distrito Federal. Esta trágica historia tuvo su desenlace el pasado viernes 1° de agosto, cuando el cadáver del joven Martí fue hallado en la cajuela de un auto en Coyoacán. El chofer había sido encontrado muerto 1 mes atrás junto con el guardaespaldas (el único sobreviviente).

Mientras tanto, el pasado martes 5 de agosto era ejecutado José Medellín en Estados Unidos, un mexicano que participó en la violación y homicidio de Elizabeth Peña de 16 años, y Jennifer Ertman, de 14, en Houston hace 15 años. Ese mismo día, pero en México, un destacado médico e intachable hombre de familia, el Dr. David Manterola, fue asesinado afuera de su domicilio por intento de robo.

Los casos del joven Martí y del Dr. Manterola son sólo dos ejemplos más de la creciente inseguridad en el Distrito Federal (seguramente, en el día de su trágico asesinato se estaban cometiendo varios más a lo largo del país). Este constante asedio al orden público ha destruido a tantas familias, y ha dañado al tejido social de tal forma que, el día de hoy, las encuestas señalan que el 71% de los mexicanos apoyaría la restauración de la pena de muerte en México, tal y como sucede en varios estados de nuestro vecino país del norte.

Sin embargo, y aún con la tempestad encima de todos (estoy seguro que cada uno de nosotros ha perdido un familiar, un amigo o un conocido por la inseguridad), es muy importante que los mexicanos, y sobre todo el Estado Mexicano, comprendamos la magnitud y complejidad de restablecer la pena de muerte. En este sentido, identifico 4 temas fundamentales a considerar: la vida humana (tanto de la víctima como del agresor); la procuración e impartición de justicia por parte del Estado Mexicano; la capacidad del gobierno por defender, mantener y hacer respetar el Estado de derecho; y finalmente, la condición mental y las probabilidades de rehabilitación y reinserción social del agresor.

El tema de la vida humana vinculada con la pena de muerte, tiene que ver, en principio, por la irrecuperable pérdida de la vida de la víctima y el irreparable dolor de su familia y allegados; y posteriormente, por la vida en juego del agresor y el irreparable dolor que su eventual muerte causaría a su familia y allegados. En términos humanistas (fundamental corriente filosófica a tomar en cuenta en un asunto tan delicado), se trata de 2 asuntos estrechamente ligados (a pesar de que la vida de A haya sido causante de la extinción de la vida de B).

El segundo tema, el de la procuración e impartición de justicia, tiene que ver fundamentalmente con la noción y valor de la justicia que concibe el Estado Mexicano en su procuración e impartición. En este sentido, es notable ver cómo otros fenómenos sociales, como la desigualdad, permean también la procuración de justicia mexicana (el secuestro del joven Martí ocupó las primeras planas de los diarios -y al menos en las notas que revisé, nadie menciona siquiera el nombre de su chofer-, y a su funeral asistió hasta el Presidente y su esposa; los demás casos de las personas que no tienen tal capital económico -como el del Dr. Manterola- son poco difundidos y aún menos atendidos). Por otro lado, la impartición de justicia en tiempos actuales no puede estar sujeta a códigos legales basados en principios de justicia retributiva francamente arcaicos (como el Código de Hammurabi, de 1,760 A.C. y, que basado en la Ley del Talión del “ojo por ojo, diente por diente”, especifica por citar un ejemplo, en su Ley 230, que “si una casa mal hecha causa la muerte de un hijo del dueño de la casa, la falta se paga con la muerte del hijo del constructor”). Mahatma Gandhi alguna vez dijo atinadamente, que “el ojo por ojo terminará por ocasionar que todo el mundo quede tuerto”. La venganza por la venganza y la violencia por la violencia, generan, por su propia condición, más venganzas y violencia.

El tercer punto, el del Estado de Derecho, nos lleva a pensar en si realmente el restablecimiento de la pena de muerte traerá una paz amplia y duradera para todos los mexicanos (que debe ser el fin último y verdadero). Uno de los problemas clave (y que todavía no muestra la menor solución) tiene que ver con el hecho de que, antes de determinar qué hacer con el agresor -si se le da una pena de X número de años, si se le sentencia a cadena perpetua, o si se le ejecuta-, primero el agresor tendría que ser capturado. En México, se calcula que de cada 1,000 delitos cometidos de cualquier índole, se denuncian sólo el 25%, y se resuelven menos de la mitad. Es decir, alrededor de 1 de cada 10 delitos son resueltos por la vía legal (y sin contar qué sucede con el agresor posteriormente de su detención -si su pena fue acorde al crimen cometido, si se está rehabilitando efectivamente o si a su salida cometió otros delitos, etcétera-). En este contexto de no-sanción de los delitos (Estado de derecho endeble), la restauración de la pena de muerte seguramente generará en el corto plazo una inhibición de delitos graves; sin embargo, éstos aumentarían hasta volver a su insana normalidad hacia el mediano y el largo plazo. Sencillamente, porque en México resulta poco probable que un delito grave sea debidamente prevenido, debidamente perseguido, y/o debidamente castigado.

Empero, y a pesar de todos los argumentos de peso en contra de la pena de muerte, encuentro uno fundamental que debería de hacernos voltear los ojos hacia considerar el restablecimiento de esta práctica, y es el cuarto tópico, que tiene que ver con la condición mental y el restablecimiento y reincorporación del agresor a la vida en sociedad. A lo largo de la historia, se han registrado innumerables casos de individuos que, víctimas de maltratos, degradaciones y abandonos de distinto tipo en su ambiente familiar o en su núcleo social, desarrollan una variedad de trastornos de su personalidad, y, una vez “enfermos” actúan de manera abiertamente antisocial-criminal y en un claro desdén por la convivencia pacífica o el orden social establecido. Al alcanzar este punto en la “enfermedad”, no hay punto de regreso, y todo aquel que sufre estos trastornos se convierte, por ende, en un evidente peligro para la sociedad en su conjunto (aunque es importante soslayar que ni todos los sociópatas son delincuentes ni todos los delincuentes son sociópatas).

Por todo ello, yo propongo la conformación de un grupo (llámese Consejo o Comité, de no más de 13 personas), integrado por especialistas por demás destacados y con los méritos y logros suficientes en distintos ámbitos (como la Psicología, la Criminología, la Psiquiatría, la Sociología, el Derecho Penal y la Ciencia Política, aunque podrían ser más o podrían ser menos disciplinas involucradas) que, a partir de la detención de un delincuente que haya incurrido en delitos graves, realice todo un perfil psicológico del individuo, evalúe el desarrollo de su vida, así como las condiciones en que cometió el crimen, para que finalmente, se dictamine si el sujeto en cuestión puede rehabilitarse y reincorporarse a una vida en sociedad. En caso de que resulten claras sus posibilidades de reincorporación social, se le enviará a prisión para cumplir su condena (ello implica además otro problema: el de asegurar que las prisiones en efecto sirvan para restaurar conductas sociales desviadas, y no para pervertirlas más); o en caso de que esta persona resulte con un padecimiento antisocial grave (sociópata, psicópata o cualquier otro), el Estado, responsable de vigilar el orden y la paz social colectiva, deberá exterminarlo (O, ¿podemos acaso esperar ingenuamente que un sociópata-secuestrador, que asuma ya como algo normal el mutilar alguna parte del cuerpo de sus víctimas para amedrentar a sus familiares, sea capaz de reflexionar en la cárcel, y, tras su liberación, dedicarse a un trabajo, digamos, de carpintería?).

En conclusión: Abordar el tema de la pena de muerte es sin duda complejo, pues no sólo se trata de considerar principios retributivos de justicia (o venganza) en manos del Estado (con las consecuencias que esto podría generar), sino valorar aquellos otros grandes problemas que, sin duda, afectan la prevención o impartición misma de la justicia (¿De qué tanto nos sirve ajusticiar a un individuo, si otros 9 están cometiendo en ese mismo instante el mismo delito, ante las narices del Estado Mexicano?).

Y, sobre todo, me parece que la pena de muerte debe ser abordada con pleno respeto a la vida misma de las personas, de víctimas, agresores, y de los familiares y seres queridos de ambos. En Estados Unidos, los criminales extranjeros reciben un trato muy diferente al de los nativos; muchas veces no se les permite ni siquiera asistencia consular, y una vez sentenciados para morir, es frecuente que se retrasen las ejecuciones por meses y hasta años. Se trata de un proceso judicial que respeta muy poco la vida de los inculpados, que obedece más a principios arcaicos de venganza (y no de justicia), y que actúa de manera discrecional de acuerdo a principios raciales. En mi propuesta, se busca que el agresor sea valorado como persona, pero que -de así determinarse- también pueda ser exterminado como la amenaza a la paz social que representa. En este caso, el Estado podría otorgar una segunda oportunidad al infractor, pero también sería capaz de ejecutarlo en protección al grueso de la sociedad. Se trata, no de impartir venganza, sino de impartir verdadera justicia; aquella que permitirá que la sociedad mexicana toda, pueda coexistir en paz.

En suma, se deben ponderar los valores en que se enmarca la impartición de justicia en México, y los alcances que la misma puede tener, que sea un valor compartido, asimilado, y ante todo, respetado, por todos los mexicanos. De algo no hay duda: es imperativo y conminativo que comencemos todos -política y sociedad- a trabajar en un país más justo para todos. Mañana puede ser ya demasiado tarde.

(Descansen en paz, Dr. Manterola, Fernando Martí, Dr. Ramón Escandón, Elizabeth Peña, Jennifer Ertman y todas aquellas víctimas de la inseguridad, la injusticia y la degradación de las sociedades del mundo).